CREAR TEMA

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Durante los ocho años que gobernó Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva sufrió de lleno el escándalo del "mensalão" y
dejó como herencia el "petrolão". Ambos escándalos de corrupción tienen
una matriz común: la financiación ilegal de la política con recursos del
Estado, cemento de una compra de voluntades que permitía alcanzar
consensos ante la crónica falta de mayoría propia en el Congreso.

En términos generales se le puede atribuir una fuerte responsabilidad
política por, como mínimo, no haber frenado esos latrocinios y por haber
aplicado un sospechoso "laissez faire" y, como máximo, por haberse
beneficiado política o personalmente con esos esquemas.

El problema es que ese tipo de evaluación es propia de los analistas
políticos o de los electores que acuden a las urnas. La comprobación de
delitos en la Justicia es una tarea mucho más complicada y que no admite
zonas grises o argumentaciones ambiguas.

Cuando se enfrentó por primera vez cara a cara con Sérgio Moro y este le dijo que "salieron
denuncias en el diario Folha de São Paulo según las cuales...", el líder
histórico de la izquierda brasileña lo frenó en seco: "No, doctor. No
me juzgue por noticias, tráigame pruebas". Hábil, siempre pidió lo
mismo: los sobornos no se suelen realizar contra recibo.

Así, Moro tuvo una tarea difícil para probar que Lula se benefició con un
tríplex en el balneario paulista de Guarujá como contraprestación dada
por la constructora OAS por contratos amañados en Petrobras. ¿Lo logró?

Si el lunes esta serie de artículos indagó en el peligro que un cierto
"populismo judicial" puede suponer para el principio de presunción de
inocencia y el martes analizó cómo puede afectar al de soberanía
popular, en este, el último, pregunta por el futuro del derecho de
defensa en juicio.

Hay varios puntos que los abogados de Lula objetan en el fallo de Sérgio Moro, avalado por el TRF4 en segunda instancia.

Para empezar, hay que hablar del juez natural y la prueba. Si el tríplex
valuado en 2,2 millones de reales (unos 700 mil dólares al cambio
actual) era una coima, el caso debía recaer en la Justicia del estado de
San Pablo. Para hacerse con él, Moro, juez federal del estado de
Paraná, lo vinculó con la causa que llevaba sobre los desvíos en
Petrobras. Los tribunales de alzada le dieron la razón y Lula entró en
la órbita de la operación "Lava Jato".

La fiscalía argumentó que ese departamento fue una coima pagada por OAS por el otorgamiento de
tres contratos con Petrobras en 2009, argumento que Moro y el TRF4
hicieron suyo. Sin embargo, ¿por qué el favor se devolvió cinco años
después, cuatro después de la salida de Lula del Planalto?

Lo más controvertido es que Moro se quedó corto en su fallo, ya que no vinculó
esos contratos con el presunto soborno, es decir que no encontró un
acto administrativo o de Gobierno que le permitiera relacionar ambas
cuestiones. Por eso, para sorpresa de muchos juristas, habló de "un acto
de oficio indeterminado".

"Moro no era el juez natural y no hay pruebas en esa condena. El proceso es un queso suizo. El Ministerio
Público usó la palabra 'Petrobras' 423 veces en su denuncia, pero el
fallo es nulo porque viola el principio de la correlación de la denuncia
con los hechos", le dijo a Ámbito Financiero el constitucionalista
Lenio Luiz Streck, quien fue procurador del estado Rio Grande do Sul de
1986 a 2014 (ver aparte).

"En su respuesta a los embargos de declaración [ndr: recursos aclaratorios que puede pedir la defensa tras
una condena], Moro dijo que el dinero [el tríplex] no era producto de
los contratos. ¿De dónde salió entonces? No está probado el nexo de
causalidad. Y eso de los 'actos de oficio indeterminados' es un invento.
No existe nada en la teoría del derecho o en la teoría de la prueba que
lo justifique", añadió.

Por otro lado, la propia titularidad del tríplex de 215 metros cuadrados en el complejo Solaris sigue siendo una
incógnita. Tanto que una jueza de Brasilia lo tenía embargado en el
marco de la causa sobre la quiebra dolosa de la constructora, con lo
cual le seguía reconociendo la titularidad a esta. Conciente de esa
incongruencia, Moro señaló recién esta semana que el embargo era
improcedente y que departamento "pertenece oficialmente a OAS pero el
dueño de facto es Lula", por lo que ordenó su remate.

Otro aspecto controvertido de las sentencias es lo mucho que se recostaron en
la delación premiada de Léo Pinheiro, titular de OAS y quien fuera
amigo de Lula.

Detenido por primera vez en 2014, fracasó en su primer intento de delación cuando su confesión no resultó homologada en
agosto de 2016 por no aportar pruebas suficientes. Recién cuando señaló
directamente al expresidente en abril del año pasado, abandonando la
idea de que no tenía conocimiento de delitos cometidos por él, logró
recibir una reducción de su condena en este caso, que pasó de los 10
años y 8 meses impuestos por Moro a 3 años y medio en régimen
semiabierto, más una multa de 253.400 reales (unos 80 mil dólares),
según decidió el TRF4. Las prisiones preventivas prolongadas como
elemento para producir arrepentidos es una polémica que rodea a la "Lava
Jato" desde su origen.

"Llaman a esto 'nuevo derecho', pero es una jurisprudencia de excepción. Estoy preocupado. Los juristas de
Brasil se comportan como hinchas de fútbol. La teoría del derecho fue
trasformada en una teoría política de poder, autoritario además. Hay
gente que defiende la inversión del 'onus probandi' [la carga de la
prueba] y hasta hay miembros de Ministerio Público que dicen que la
prueba es una cuestión de creencia. En Brasil, la moral venció el
derecho", se desahogó Streck.

"En una democracia, los deseos morales o las subjetividades no pueden sustituir al derecho. Hemos
llegado al colmo de que el Ministerio Público apoyó un proyecto de ley
que institucionalizaba la prueba ilícita 'siempre que sea obtenida de
buena fe'. Es increíble. Suelo decir que el expresidente tendría más
oportunidades de ser absuelto si se le aplicaran los rituales de una
tribu indígena de Sudáfrica. Según estos, un pollito recibe una pequeña
cantidad de veneno. Si muere, el acusado es condenado; si sobrevive, es
declarado inocente. Bueno, hay un cincuenta por ciento de chances si el
veneno es manejado sin fraude", ironizó.